Siete meses después de la captura de Elba Esther Gordillo, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció oficialmente que Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, ex operadora de la maestra, es testigo colaborador en las pesquisas.
Así, la PGR tiene ya dos testigos colaboradores en las investigaciones en curso contra la maestra, porque meses atrás ya había ingresado al Programa Federal de Protección de Personas el indiciado Erick Salvador Rodríguez García.
Ugarte Ramírez, quien manejó 2 mil millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue capturada el pasado 26 de febrero con base en una orden de aprehensión librada por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Rodríguez era un colaborador de Héctor Hernández Esquivel, tesorero del SNTE con Gordillo, y estuvo arraigado por 80 días en instalaciones militares, aunque al final la Procuraduría no presentó cargos penales en su contra.
De acuerdo con fuentes federales, la PGR informó al juez federal Alejandro Caballero Vértiz, responsable del juicio contra Gordillo, que ha decidido brindarle beneficios legales a Ugarte Ramírez, quien lleva más de medio año procesada e internada en el Hospital Central Militar.
En sus testimonios rendidos ante la SEIDO el pasado 28 de febrero, Ugarte admitió haber realizado depósitos millonarios que beneficiaron no sólo a Gordillo, sino a sus hijas Mónica Arriola y Maricruz Montelongo.
Según su dicho, entre 2009 y 2012 ella hizo diversas transferencias en favor de la maestra y sus hijas para cubrir pagos de servicios aéreos, hospitales, cirugías, tiendas departamentales, galerías de arte, honorarios de cantantes y particulares.
Los datos obtenidos refieren que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) reportó a principios de mes a la autoridad judicial la existencia de un Convenio de Entendimiento entre Ugarte y la PGR, donde le otorgaron la calidad de testigo colaborador.
Según la información obtenida, desde que en febrero fue aprehendida, esta mujer manifestó su deseo de ingresar al Programa Federal de Protección de Personas, pero su propósito no se concretó sino hasta el presente mes, cuando finalmente fue aceptada por la Procuraduría.
Los datos proporcionados indican que la PGR tardó más tiempo en brindarle a ella la calidad de testigo protegido, porque antes de su ofrecimiento ya se había ejercido la acción penal en su contra y además era necesario validar la información que proporcionó al Ministerio Público Federal.
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