La medida tomó por sorpresa a las organizaciones medioambientales y a la sociedad en general, ya que viene precedida de la catástrofe desatada en las últimas semanas tras el paso de las tormentas tropicales “Manuel” e “Ingrid”, que en el Estado de Guerrero, al sur del país, provocó numerosos deslaves en sierras altamente deforestadas y dedicadas al cultivo.
El pasado martes, el secretario de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, reconoció que la construcción “de miles de casas” sobre áreas naturales propició que las lluvias provocaran daños materiales y la pérdida de numerosas vidas humanas. “De alguna manera, construimos una tragedia”, afirmaba.
El Estudio justificativo previo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reconoce que el cambio de uso de suelo, motivado por el crecimiento de la población del área metropolitana en los últimos 20 años, provocó un deterioro en la zona, como lo es “la desaparición de enormes extensiones de bosque que han sido convertidas en cultivo, la disminución de especies y poblaciones silvestres de flora y fauna, la desaparición y merma de manantiales y el aumento de cárcavas y erosión con la pérdida de miles de toneladas de suelo por el cultivo de papas, desarrollo de minas y extracción de tepojal”.
El Gobierno argumenta en el documento que las acciones de protección han sido “insuficientes para contener el deterioro, expandiéndose las fronteras agrícola y pecuaria, la tala clandestina selectiva, las plagas y enfermedades y la erosión generalizada en el Nevado”.
Un artículo publicado este martes en Animal Político, que alertó de las consecuencias del decreto, denunciaba que “pese a que durante siete décadas todas estas actividades se han desarrollado de manera clandestina y faltando a la norma ambiental, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ‘en colaboración con el Gobierno del Estado de México’, concluyó que más que perseguir o inhibir la explotación de esta zona, lo que el gobierno debe hacer es “ordenar apropiadamente las actividades productivas y extractivas que generan un deterioro creciente de los ecosistemas y de sus elementos’, con el objetivo de ‘mantener a mediano y largo plazo los ambientes y hábitats.”
Por su parte, y tras la polémica desatada, la Secretaría de Medio Ambiente emitió la tarde del martes un comunicado en el que sostiene que con el cambio de estatus de parque nacional a área de protección e flora y fauna “se abre la posibilidad de que las comunidades participen en proyectos de aprovechamiento sustentable” y se “eleva el nivel de protección y conservación del área natural protegida”.
“De acuerdo con el Director del Nevado de Toluca, Luis Miguel Mandujano Álvarez, la categoría que presentaba esta área desde 1936 es una de las más restrictivas pues sólo se podían realizar actividades de educación ambiental, turismo, restauración, investigación y fomento de la flora y fauna pero no permitía ningún tipo de beneficio para la comunidad”, dice el texto.
“Con este decreto se derogan y adicionan diversas disposiciones que permitirán a la población de la zona recibir apoyos para plantar diversas especies de árboles y otro tipo de cultivos; se les apoyará para que cuenten con un espacio para mantener en corral al ganado y para que tengan una unidad para que produzcan forraje y puedan alimentarlo”. Así mismo, reza el pronunciamiento oficial, “se podrá realizar una mejor preservación de los ecosistemas y sus elementos, entre ellos turismo sustentable, mantenimiento de la infraestructura fija existente y construcción de infraestructura para acciones de investigación científica y monitoreo”. (© EL PAIS, SL. Todos los derechos reservados.)
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